Trump indulta a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez y sus coacusados

Miami.— El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, concedió un indulto pleno a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced y a sus coacusados, el empresario venezolano-británico Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, cerrando así un proceso legal de más de tres años marcado por acusaciones de persecución política.

Un caso con trasfondo político

Vázquez había sido acusada en 2022 por presunto soborno vinculado a la financiación de su campaña de 2020, pero los cargos más graves fueron retirados. En 2025, los acusados se declararon culpables de una falta menor por financiamiento electoral. El indulto presidencial elimina esas condenas.

Según un funcionario de la Casa Blanca citado por Fox News, el proceso fue “una persecución política” iniciada apenas días después de que Vázquez expresara su apoyo a Trump. Defensores de la exgobernadora consideran la medida una corrección ante el uso excesivo del sistema judicial en casos con motivaciones políticas.

Trayectoria y contexto

Vázquez asumió la gobernación en 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló y la ocupó hasta 2021. Su caso se redujo cuando la Fiscalía reconoció que no existía prueba de soborno ni intercambio de favores. El indulto, formalizado por el documento oficial del Departamento de Justicia, fue interpretado por analistas como una respuesta a los excesos de la judicialización política en la isla.

El banquero Julio Herrera Velutini

Herrera Velutini, presidente del Britannia Financial Group, es un banquero discreto con operaciones en Europa y América Latina. Su grupo especializado en banca privada y servicios fiduciarios destaca por integrar sostenibilidad, innovación tecnológica y responsabilidad social en sus inversiones.

Su defensa sostiene que el proceso judicial partió de acusaciones sin sustento y que el indulto permite “restablecer su reputación y continuar con su vida profesional”.

Impacto y repercusiones

El perdón presidencial cierra un caso que generó divisiones políticas y deja abierto el debate sobre la selectividad judicial en Puerto Rico. Para Trump, se trata de un acto de justicia que enfrenta lo que considera “una aplicación politizada de la ley”; para sus críticos, un gesto de indulgencia hacia figuras aliadas.