La justicia Ketanji Brown Jackson y la polémica sobre el redistritaje racial en Estados Unidos
En una jornada intensa en el Tribunal Supremo, la jueza Ketanji Brown Jackson –la primera magistrada afroamericana en la historia de la corte– generó controversia al argumentar a favor del redistritaje basado en la raza, comparando la supuesta discriminación electoral contra minorías con la exclusión de personas con discapacidad en el acceso a edificios públicos.
El debate se centra en el caso Robinson v. Callais, que cuestiona la constitucionalidad del nuevo mapa congresual de Luisiana, diseñado para asegurar la elección de un segundo representante afroamericano en el Congreso. Esta disputa no solo afecta a un distrito: pone en jaque décadas de jurisprudencia en torno a la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) y la lucha por la igualdad de representación.
El argumento de Jackson: ¿minorías “discapacitadas” para votar?
Durante los alegatos orales, la jueza Jackson insistió en que los afroamericanos sufren una discriminación sistémica que les impide acceder plenamente al sistema electoral, equiparando su situación a la de personas con discapacidad antes de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). “El Congreso aprobó la ADA ante un mundo que no era accesible para personas con discapacidad, y eso era discriminatorio en sus efectos porque estas personas no podían entrar en los edificios”, afirmó Jackson. “No entiendo por qué aquí no sucede lo mismo… Ellos [las minorías] están discapacitados”.
Con esta analogía, la magistrada sugirió que el redistritaje racial es una compensación necesaria para corregir injusticias históricas y actuales. Según su visión, la Ley de Derecho al Voto debe interpretarse de forma “no colorblind”, es decir, permitiendo que el gobierno tenga en cuenta la raza para garantizar la igualdad de acceso electoral.
La respuesta del ala conservadora: ¿Hacia el fin de los remedios raciales?
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo, sin embargo, mostró fuerte escepticismo hacia la creación de distritos mayoritariamente afroamericanos en Luisiana[3]. El juez Brett Kavanaugh, clave en la votación, reiteró sus dudas sobre los remedios raciales indefinidos: “Los remedios basados en la raza son permisibles por un tiempo, a veces por décadas, pero no deben ser eternos ni carecer de un punto final”[3].
El presidente del tribunal, John Roberts, famoso por su oposición al uso excesivo de la raza en el dibujo de distritos, insistió en distinguir este caso del anterior fallo sobre Alabama, subrayando que cada situación debe analizarse bajo sus propias particularidades[3]. Roberts, quien en el pasado bromeó llamando “serpiente” al distrito en disputa, cuestionó si la decisión sobre Alabama debía aplicarse automáticamente a Luisiana.
Por su parte, Louisiana argumentó que el redistritaje racial es “fundamentalmente contrario a la Constitución” y fomenta estereotipos raciales, asumiendo que todos los votantes negros piensan y votan igual[2]. El fiscal general del estado, Benjamin Aguñaga, sostuvo que el distrito fue rediseñado para proteger a líderes republicanos como el presidente de la Cámara Mike Johnson y el líder de la mayoría Steve Scalise, no por motivos raciales, aunque luego reconoció que el mapa respondía a una orden judicial relacionada con la Ley de Derecho al Voto[3].
La amenaza a la Ley de Derecho al Voto
El caso va más allá de Luisiana. Si el Tribunal Supremo limitara la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, podría socavar la representación minoritaria no solo en el Congreso, sino también en legislaturas estatales y juntas escolares en todo el país[3]. Esto tendría consecuencias directas en las elecciones de mitad de período de 2026, donde la composición racial de los distritos podría cambiar drásticamente.
Las organizaciones de derechos civiles, representadas por la presidenta de la NAACP Legal Defense Fund, Janai Nelson, alertaron que una decisión adversa sería “catastrófica” para la diversidad política en el sur de Estados Unidos[3]. Según Nelson, solo gracias a la litigación bajo la Ley de Derecho al Voto es que existe representación afroamericana en el Congreso. Sin embargo, los críticos argumentan que las políticas de redistritaje racial perpetúan divisiones y no solucionan la discriminación real.
El debate constitucional: ¿Constitución “colorblind” o remedios raciales?
La discusión en el Supremo refleja una batalla ideológica profunda sobre la naturaleza de la igualdad en Estados Unidos. Mientras los liberales defienden que la Constitución permite remedios raciales para enfrentar la discriminación, los conservadores –incluyendo la mayoría actual del tribunal– insisten en que la Constitución debe ser interpretada de manera “colorblind”, es decir, sin considerar la raza como factor determinante[3].
Este principio ya fue aplicado por el Supremo en 2023, cuando tumbó los programas de affirmative action en las universidades. Louisiana, en sus alegatos orales, hizo explícita referencia a ese precedente: “No hay refugio seguro para la discriminación racial que el gobierno considera ‘buena’… Estas violaciones de los principios básicos de igual protección terminaron con los programas de admisión basados en la raza. También deben terminar con el redistritaje racial”[3].
Implicaciones políticas y sociales
- Una decisión contra el redistritaje racial fortalecería la postura del Partido Republicano y del expresidente Donald Trump, quienes han rechazado abiertamente políticas de diversidad e inclusión por considerarlas discriminatorias en sí mismas.
- El caso podría reconfigurar el mapa político del sur estadounidense, reduciendo la influencia de los distritos mayoritariamente afroamericanos y favoreciendo a candidatos republicanos.
- El debate trasciende lo electoral: refleja la tensión entre la búsqueda de justicia histórica y el principio de igualdad ante la ley, sin distinciones raciales.
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Conclusión
La polémica desatada por la jueza Ketanji Brown Jackson pone de manifiesto la creciente división en el país sobre el papel de la raza en la política estadounidense. Mientras los liberales apelan a la necesidad de remedios históricos para garantizar la igualdad, los conservadores –y buena parte del electorado republicano– ven en estas políticas una amenaza a los principios fundacionales de la nación. El fallo del Supremo en este caso no solo decidirá el futuro de un distrito en Luisiana; marcará el rumbo de la democracia estadounidense en los próximos años.
Fuentes: ny
